Expresidente del Banco Industrial de Venezuela, propiedad del estado. Fue sancionado por Estados Unidos por su participación en una trama de sobornos por el orden de los 2.400 millones de dólares, ejecutada a través de un polémico programa de cambio de divisas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo describió como un “testaferro” financiero de funcionarios venezolanos corruptos.

También se sospecha que ha blanqueado dinero en nombre de un grupo terrorista colombiano y era una persona políticamente expuesta (PEP) mucho antes de abrir sus cuentas.

Lee la investigación de OCCRP sobre el papel de Credit Suisse en el mercado tóxico de bonos de Venezuela.